- Se plantea que las sanciones penales aumenten hasta una tercera parte cuando un accidente con lesiones u homicidio ocurra tras violar el reglamento de tránsito.
AGENCIA DE PERIODISMO DIGITAL
Querétaro, Qro., lunes 11 de agosto del 2025.- El diputado Enrique Antonio Correa Sada presentó una iniciativa para crear la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Querétaro, que busca transformar el uso de la vía pública, reducir accidentes y promover alternativas al automóvil particular.
La propuesta incluye cinco objetivos principales: priorizar la seguridad vial protegiendo a las personas más vulnerables, impulsar el uso de medios de transporte sustentables como bicicleta, scooter y auto compartido, regular el uso de scooters eléctricos, endurecer sanciones por lesiones u homicidios en accidentes de tránsito y garantizar mayor protección a motociclistas que trabajan con ese vehículo.
Entre las medidas, se plantea que las sanciones penales aumenten hasta una tercera parte cuando un accidente con lesiones u homicidio ocurra tras violar el reglamento de tránsito.
Por ejemplo, una pena de 15 años por homicidio podría subir hasta 20 años, y en caso de lesiones, alcanzar los 18 años de prisión.
La iniciativa también contempla modificaciones al Código Penal, a la Ley de Educación —para incluir educación vial desde la niñez— y la creación de una comisión mixta entre los tres órdenes de gobierno para definir políticas públicas sobre horarios y uso de vías para transporte pesado.
Además, se prevé prohibir el estacionamiento en vía pública de vehículos con peso mayor a 5 toneladas.
Correa Sada señaló que Querétaro tiene una baja ocupación promedio en vehículos (1.2 personas por auto), por lo que es urgente incentivar el transporte público, el auto compartido y medios alternativos.
La iniciativa también aprovecha los “impuestos verdes” aprobados en la legislatura pasada para que empresas reduzcan emisiones de CO₂ y fomenten el uso compartido de vehículos entre trabajadores.
El legislador aseguró que la propuesta se elaboró tras una amplia consulta con organizaciones ciudadanas y autoridades, con el objetivo de proteger la vida sin caer en “venganza social”.
La iniciativa será socializada antes de su discusión y eventual aprobación en el Congreso local.
