- El edil informó que el municipio brindó apoyo legal y orientación financiera a personas afectadas por cobros abusivos y préstamos sin regulación
Colón, Qro., martes 17 de marzo del 2026.- El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, informó sobre la presencia de prestadores de dinero irregulares, conocidos como “goteros”, que operaron en el municipio mediante esquemas de crédito con intereses fuera de la ley y prácticas de acoso contra los deudores.
El edil señaló que el gobierno municipal ofreció asesoría a los ciudadanos que solicitaron apoyo, con el objetivo de identificar financieras reguladas y evitar fraudes. Explicó que muchas de estas personas firmaron pagarés con intereses que no cumplieron con lo establecido en el Código de Comercio, lo que derivó en afectaciones económicas.
Trueba Moncada indicó que el Ayuntamiento apoyó a los ciudadanos para presentar denuncias cuando los cobros derivaron en hostigamiento, como la colocación de avisos en domicilios o la presión hacia avales y familiares. Precisó que estas prácticas constituyeron actos de acoso que no permitió la ley y que requirieron la intervención de las autoridades correspondientes.
“Siempre hemos apoyado a los ciudadanos que se acercaron para poderlos asesorar y decirles qué financieras estuvieron reguladas y cuáles no. Les hicieron firmar pagarés con intereses que no iban de acuerdo al Código Mercantil y de esa manera los ciudadanos salieron afectados”, precisó.
El presidente municipal detalló que algunos de estos grupos estuvieron integrados por personas extranjeras y que varias de las supuestas financieras carecieron de licencia hacendaria para operar. Estimó que en el municipio se identificaron entre cuatro y cinco grupos dedicados a este tipo de préstamos.
Asimismo, destacó que el gobierno local impulsó acciones de prevención mediante cursos de educación financiera, a petición de la ciudadanía, y que dichas actividades incluyeron el apoyo del Instituto de la Mujer, con énfasis en mujeres jefas de familia.
Finalmente, aclaró que la intervención directa de la autoridad municipal ocurrió únicamente cuando existió una orden judicial, como en un caso reciente en el que una persona fue detenida por impedir su cumplimiento, situación que calificó como una falta administrativa conforme a la ley.
